El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite el recurso interpuesto por Vox Melilla contra la Orden por la que se aprobaron medidas sanitarias preventivas para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Una de las medidas más polémicas entre las implementadas fue la exigencia de presentar el certificado de vacunación del coronavirus, es decir, el pasaporte covid, para visitar locales de hostelería, centros hospitalarios y residencias de mayores, entre otras instalaciones.
De manera concreta, al solicitar la suspensión cautelar de las medidas adoptadas por el Gobierno local, Vox Melilla trata de evitar la distinción entre los melillenses a través de una norma sanitaria que “ha demostrado no ser efectiva”.
En ese sentido, la representación de Vox en la ciudad se cuestiona "¿por qué ese empeño de dividir a la población mediante la implantación del certificado covid?", si "el artículo 14 de la Constitución ampara a todo ciudadano, ya que todos somos iguales ante la ley".
La formación política local asegura, a través de Juana Díaz de Villegas, su vicesecretaria jurídica y vocal de la Gestora, que "lo recurrimos porque es una violación de los derechos fundamentales".
Además, Vox Melilla afirma que con esta medida no solo se está yendo en contra del artículo 14, sino que también se están violando el artículo 18, del derecho a la intimidad, y el artículo 19, del derecho a la libre circulación, porque se “está limitando la libertad de poder acceder a cualquier local de la ciudad e incluso tener que dar datos personales sanitarios a un extraño”.
Al presentar este recurso el mes pasado, la formación dirigida por Tasende insistía en la ineficacia que tiene actualmente prorrogar el uso del pasaporte covid porque "no está científicamente probado que frene el contagio entre la población” ya que un número elevado de los contagiados están vacunados.
Precisamente en enero último, Salud Pública mantenía la implementación de “la totalidad de las medidas sanitarias de prevención de carácter obligatorio y coercitivo" y de las disposiciones de vigilancia y control complementarias, adoptadas desde noviembre de 2021.
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