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Una activista dice que los saharauis “pagarán un alto precio” por la “nueva traición” al Sáhara

La activista Aminatou Haidar ha augurado este lunes que los activistas saharauis en las "zonas ocupadas" pagarán un "alto precio" en forma de cárceles, maltratos, torturas y persecución tras la "nueva traición" al pueblo saharaui por parte del Gobierno español.

Haidar, que protagonizó en 2009 una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para protestar por su expulsión de El Aaiún (Sahara Occidental) y la retirada de su pasaporte por parte de las autoridades marroquíes, es una de las independentistas históricas en el interior del Sáhara Occidental y fundadora de la asociación Instancia saharaui contra la ocupación marroquí.

En un vídeo remitido a Efe, esta activista lamenta el contenido de la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI en la que afirma que España considera la propuesta de autonomía presentada en 2007 por Rabat para el Sahara Occidental como "la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa".

Esta posición "viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", dice la activista, que pide a España rectificar y pedir claramente una solución que respete el derecho a la autodeterminación.

"Los saharauis manteníamos la esperanza de que España tomase una postura valiente", lamenta Aminatou Haidar, que cree que mediante un "chantaje" Marruecos ha logrado que un Gobierno progresista "sucumba ante sus ambiciones expansionistas".

El tema del Sáhara está centrando en los últimos días la atención informativa en todo el país. Desde que el viernes se conociera el contenido de la carta remitida por Pedro Sánchez al rey alauita, no han parado las reacciones políticas y de distintas organizaciones no gubernamentales, que critican abiertamente el cambio en la postura española respecto de la excolonia española.

Desde los propios socios de Gobierno del PSOE hasta sus apoyos parlamentarios, además de la oposición, se han mostrado en contra del cambio de rumbo en la política exterior del Ejecutivo, unas líneas de actuación que se habían mantenido inalterables desde 1975.

 

 

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