La Asociación de Comerciantes de la Frontera, Acsemel ha querido manifestar en un comunicado su rechazo a la propuesta presentada por el Gobierno Central en funciones para modificar el sistema de bonificaciones de la Seguridad Social.
Esta asociación asegura que el Ejecutivo en funciones de nuestro país es perjudicial para la economía melillense.
"Una vez más, con este nuevo revés que sufriremos los empresarios de esta ciudad, se demuestra que por parte de este Gobierno Central y por los anteriores, están acabando con el tejido empresarial de esta ciudad".
Por ello, desde Acsemel anuncian que apoyarán cualquier iniciativa de movilizaciones para intentar hacer ver al actual Gobierno en funciones o al próximo que llegue al poder, que los empresarios de Melilla se unirán y demostrarán en la calle la crisis existente en la ciudad. "hemos llegado al límite de nuestra paciencia".
Asimismo, esta asociación asegura haber mantenido contactos con distintas entidades de nuestra ciudad para tratar de demostrar el descontento existente en el sector empresarial melillense.
En definitiva, el presidente de Acsemel, Abdeselam Mohamed Mimon, ha afirmado que tumbarán el nuevo decreto.
Esta asociación ha venido celebrando en los últimos años varias concentraciones de protesta por la situación económica de nuestra ciudad, como en la que participaron el pasado mes de marzo en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, para exigir la apertura de la aduana comercial.
El último Consejo de Ministros antes de las elecciones del domingo día 23 ha aprobado el Real Decreto por el que queda sin efecto la decisión de sustituir el 50% de la bonificación a la Seguridad Social para Melilla y Ceuta
Con el nuevo sistema, a partir de ahora una empresa deberá liquidar los seguros sociales todos los meses aplicando tan solo 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa y con la obligación de proporcionarle una formación de 20 horas dentro de los planes estatales de formación.
El resto del importe hasta alcanzar el 50 por ciento de los seguros sociales deberá pagarlo y solicitarlos al año siguiente al SEPE, a través de una subvención, con sus plazos reglamentarios, es decir, "tres meses para solicitarlos, tres meses para que la administración conteste y un silencio negativo que anula las posibilidades de concesión en caso de que no responda".
Para sindicatos, como el caso de Comisisiones Obreras, esa normativa supone una mejora en la estabilidad de los trabajadores incidiendo en el tema de indefinido.
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