Editorial

Aclaración muy tardía

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha asegurado que el nuevo sistema de bonificación de la Seguridad Social que entró en vigor ayer solo afectará a los contratos que se formalicen desde el 1 de septiembre de 2023. Es decir, el antiguo descuento del 50% de la cuota patronal continuará para todos los trabajadores que firmaran su relación contractual con la empresa hasta el 31 de agosto pasado.

Se trata, sin duda, de una novedad en toda esta polémica suscitada a raíz de la decisión del Gobierno de Sánchez de modificar la norma. Lo cierto es que si la cosa es como afirmó la delegada, ha tardado meses en precisar un detalle bastante importante porque son miles los trabajadores que daban prácticamente por hecho que perderían parte de su sueldo al eliminarse la bonificación.

Hay quien sostiene, sin embargo, que de los reales decretos que regulan este asunto de la Seguridad Social de las empresas en Melilla no se desprende en modo alguno que solo se afecte a los contratos a partir del 1 de septiembre. Nuestro gran colaborador José Luis Martínez Lázaro es muy claro al respecto de cómo impacta la norma en Melilla y se pregunta en un artículo que se publica en esta misma edición de hoy si Moh “se basa en alguna nueva disposición legislativa que aún no se conoce o será una nueva milonga” para afirmar que únicamente se aplicará desde el primero de este mes.

Sabrina Moh no ha explicado en qué punto de los reales decretos se especifica esto del 1 de septiembre. Se ha limitado a anunciarlo y a precisar que la Delegación seguirá hablando con todos los sectores interesados en este asunto; de hecho, mantendrá una reunión con las distintas organizaciones empresariales a partir de la semana que viene para resolver dudas y transmitir las intenciones del Gobierno con esta decisión.

Ella mantiene que el sistema actual beneficia a las empresas, pero su afirmación contrasta con la unánime postura en contra de sus representantes, que insisten en reseñar el impacto negativo que la normativa de aplicación desde ayer tendrá sobre la economía local y el futuro del empleo en nuestra ciudad. ¿Quién tiene aquí la razón? Por ahora es difícil saberlo.

Resulta evidente, por otro lado, que no va a haber moratoria alguna como solicitó por escrito el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Imbroda pretendía una suspensión de la entrada en vigor de los reales decretos durante seis meses pero los hechos le han contestado: tienen efecto práctico desde el 1 de septiembre de 2023.

A la vista de cómo se está desarrollando todo este embrollo, cabe concluir que el PSOE será el único grupo de la Asamblea que se opondrá a las mociones y posiciones de todos los demás a favor del mantenimiento del 50% de las cuotas patronales tal y como las entendíamos hasta ahora.

 

 

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