Acedo tacha de "decisión irresponsable" la última regularización de migrantes

La diputada del Partido Popular por Melilla y portavoz de Inmigración, Sofía Acedo, ha calificado este miércoles en el Pleno del Congreso como “una de las decisiones más irresponsables, improvisadas y lesivas para el interés general en materia migratoria” el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno central, y ha exigido su retirada o su sometimiento a debate y votación en las Cámaras.

Durante su intervención para interpelar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Acedo sostuvo que la medida constituye “una operación política sin planificación ni recursos suficientes”. En este sentido, afirmó que la regularización “responde al interés del Gobierno de mantener los sillones y a nada más” y reclamó que el Ejecutivo “desista de este disparate o sea valiente y lo someta a la voluntad de las Cámaras donde reside la soberanía nacional”.

La parlamentaria popular cuestionó las cifras ofrecidas por el Ejecutivo sobre el alcance del proceso. Según expuso, frente a las 500.000 personas mencionadas por el Gobierno, existen estimaciones independientes que elevan la cifra a 840.000, mientras que informes técnicos de la Administración advertirían de que el impacto real podría superar los 1,2 millones de personas si se tienen en cuenta reagrupaciones familiares, solicitudes derivadas y efectos indirectos.

Acedo aseguró que los propios responsables de Extranjería han alertado de la dificultad material para gestionar y verificar identidades y antecedentes ante un volumen de expedientes de esa magnitud, en un sistema que, a su juicio, ya se encuentra saturado. Además, criticó que el proceso se tramite por reglamento y por la vía de urgencia, lo que, según afirmó, limita el control parlamentario y la participación institucional.

En su intervención también denunció la ausencia de una memoria económica detallada y preguntó qué financiación prevé el Ejecutivo para comunidades autónomas y ayuntamientos ante un posible aumento de la presión sobre los servicios públicos. A su entender, la medida podría repercutir en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda o los servicios sociales.

La diputada sostuvo asimismo que la regularización “premia la irregularidad y castiga la legalidad”, al considerar que genera un agravio comparativo con quienes esperan durante años para regularizar su situación por vías ordinarias. En esta línea, advirtió de un posible “efecto llamada” y señaló que España podría ser percibida como el país donde la situación irregular termina en regularización, lo que —según sus palabras— tensionaría especialmente territorios como Melilla, Ceuta, Andalucía, Baleares o Canarias.

Acedo también enmarcó su crítica en el contexto europeo, al señalar que España forma parte del espacio Schengen y que el Pacto Europeo de Migración y Asilo se basa en el control de fronteras exteriores, la responsabilidad compartida y un sistema de retornos efectivos. A su juicio, la regularización planteada iría en dirección contraria a esos principios.

El debate se produce en un contexto en el que distintos sectores han alertado de la presión que soportan las oficinas de Extranjería. Un reciente análisis publicado por Cinco Días advertía del colapso administrativo y de la proliferación de estafas vinculadas a la tramitación de expedientes de regularización, con cobros que alcanzarían hasta los 1.000 euros, lo que ha puesto el foco en la gestión práctica del proceso.

Durante su intervención, Acedo defendió la alternativa del Partido Popular en materia migratoria, basada, según enumeró, en una inmigración legal y ordenada vinculada a las necesidades del mercado laboral, retornos eficaces con acuerdos condicionados a la colaboración de los países de origen y tránsito, expulsión de quienes cometan delitos graves, revisión de políticas que generen expectativas falsas y refuerzo de los mecanismos contra el fraude.

La portavoz popular concluyó instando al Ejecutivo a actuar con responsabilidad y a reconsiderar una medida que, según sostuvo, tendrá consecuencias jurídicas, administrativas y sociales.