El Partido Popular de Melilla ha advertido públicamente este martes de que la Delegación del Gobierno podría acortar el tiempo de contrato de los planes de empleo, que sería inferior a seis meses, y acusó a su titular, la socialista Sabrina Moh, líder del PSOE en la ciudad, de "causar un grave perjuicio" a los parados melillenses, que superan actualmente las ocho mil personas. En un vídeo difundido por el PP, la diputada nacional Sofía Acedo expresó de nuevo la preocupación de los populares por el retraso "inadmisible" en la puesta en marcha de los planes de empleo, que, según afirma, debían estar funcionando a fecha de 31 de diciembre de 2023 y en julio de 2024 siguen bloqueados. "No solo no han empezado sino que están afectadas más de mil familias, más de mil desempleados que tienen una expectativa de trabajo por seis meses y debido a este retraso ya los contratos no tendrán esa duración", sentenció. El hecho de que estos planes no comenzaran en tiempo y forma ha motivado, especificó Acedo, que se diera lugar a la emisión en abril de un fallo judicial por el que se obliga a la Administración Pública a pagar a los trabajadores de este programa las mismas cantidades que a los empleados públicos que desempeñan la misma labor. Para el PP, esa sentencia "ha servido de excusa" a la delegada para "paralizar los planes definitivamente". "Seis meses después nos dicen que han elevado una solicitud de informe a la Administración General del Estado y mientras tanto, ¿qué hacen los desempleados?", se pregunta la diputada para responderse que "trabajar no pueden" porque ya hay expectativas creadas. "Con esa expectativa de trabajo tampoco quieren coger otro empleo que les pueda surgir porque están esperando a que se lleve a cabo su contratación", razona la dirigente regional del PP. De ahí que insista en que la situación que se atraviesa en la ciudad "es inadmisible e injusticada". En ese sentido, recordó también que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, "tendió la mano" a la Delegación para la puesta en marcha de los planes porque estaba convencido de que solo había dos opciones posibles: o recurrir la sentencia y poner en marcha los planes o no recurrirla, acatarla y llevar a cabo las modificaciones administrativas y presupuestarias necesarias para incrementar el salario "que es lo que dice el fallo judicial", precisa Acedo. De hecho, entiende que la Delegación del Gobierno está haciendo una "interpretación extensiva" de la sentencia que solo provoca "un retraso inadmisible". "Se les está cvausando un perjuicio sin precedentes a los desempleados de nuestra ciudad", recalcó. A su juicio, hay que exigirle responsabilidades a Sabrina Moh. "De verdad que Melilla no se merece esto y hay que exigirle a la delegada del Gobierno que asuma las responsabilidades que le corresponden porque todo lo que depende de ella nunca funciona".
Solo una reunión
Más de un mes después de que Imbroda realizara el ofrecimiento de que la Ciudad Autónoma corriera con los gastos derivados de la aplicación de la sentencia a esos planes de empleo pendientes por parte de la Delegación del Gobierno, se celebró una única reunión entre ambas instituciones y aún se desconoce si habrá algún otro contacto al respecto porque ninguna de las partes se ha pronunciado sobre ese asunto. Tras el encuentro, celebrado en la sede de la Delegación, apenas si hubo datos relacionados con las conclusiones de la entrevista, a la que acudieron la consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, Marta Fernández de Castro, junto a la presidenta de la sociedad pública Promesa, Esther Donoso, por parte de la Ciudad. Tan solo trascendió que los representantes de la Administración General del Estado, encabezados por Sabrina Moh, no dieron datos acerca del número de personas afectadas por la sentencia ni cuál sería la cuantía que habría que poner sobre la mesa.
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