El miembro de Acaip-UGT en el Centro Penitenciario de Melilla José Manuel Vicente ha criticado este miércoles al director, Francisco Rebollo, de quien ha dicho que, aunque en el trato personal “es un tipo muy amable”, a la hora de atender las peticiones sindicales “por un oído le entra y por el otro le sale”.
“Él hace lo que, más o menos, le da la gana y no hace ni caso a las peticiones. Tampoco hay reuniones sindicales y este hombre lo soluciona todo diciendo que pases por su despacho, pero es lo mismo”, ha indicado Vicente. Por este motivo, desde el sindicato han decidido realizar todas sus peticiones por escrito para que se les conteste de igual forma, porque, según él, “es la única forma de tener algo”.
Vicente ha asegurado que las condiciones laborales no son las mejores, ya que “hay mucha desorganización en la prisión”. En este sentido, ha vuelto a cargar contra Rebollo, ya que “no hay un liderazgo claro, va todo como a bandazos y la dirección deja mucho que desear”. Cabe recordar que Rebollo ya ha sido objeto de polémica en distintas ocasiones. Por ejemplo, un jefe de servicio le puso una querella por el mal trato recibido por parte del director y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) registró un escrito en el Centro Penitenciario de Melilla “ante la creciente ola de ciertos rumores” de que había funcionarios de prisión que están dando cosas como teléfonos móviles y droga a los presos a cambio de dinero e incluso de servicios sexuales con mujeres familiares de ellos. En el escrito, se hablaba de una “caza de crujas” por parte de la dirección del centro.
Tampoco es óptimo, ni mucho menos, en su opinión, lo que es el mantenimiento de la prisión, ya que “está todo oxidado, sin pintar y el suelo sucio”, entre otras cosas.
A todo ello hay que sumarle que, aunque ahora mismo el número de funcionarios es apropiado, en marzo se marchan 14 y hay aparte un concurso de traslados y todavía no se sabe cuántos vendrán ni cuántos más se irán.
En cuanto a los presos, en la actualidad hay alrededor de 160 para unas 200 celdas, por lo que, teniendo en cuenta que la ratio ideal es un interno por celda y que ha llegado a haber más de 500 o incluso 600, la situación tampoco es mala en ese aspecto.
Eso sí: tal como avisa el miembro de Acaip-UGT, problemas de comportamiento existen “siempre, a diario”, especialmente por “roces” o peleas entre internos. En Navidades estuvo la cosa más tranquila, según Vicente, a excepción de los lanzamientos que se producen desde el exterior, que muchas veces no pueden ser interceptados por los funcionarios y que sirven a los presos para obtener droga, especialmente hachís y pastillas. Estas últimas son las que más problemas dan a los funcionarios, ya que “vuelven un poquito locos a los internos”, ha indicado.
El miembro del sindicato ha explicado que, pese a que se realizan cacheos a diario y que se trata de la prisión que más teléfonos móviles requisa, los internos siguen contando con muchos de ellos, que les sirven para conectar con exterior y acordar el momento más apropiado para el lanzamiento. “Es muy difícil de controlar”, ha admitido Vicente.
Por otra parte, aún colea la fuga que se produjo en 2020 y por el cual los funcionarios fueron sancionados durante siete meses. Hace dos meses se recibió la resolución del Tribunal Contencioso-Administrativo en la que se establece que la suspensión queda en 15 días. Según Vicente, la calificación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid es de “una negligencia superior al mero descuido”, algo “completamente diferente” a la anterior resolución, que hacía parecer que “los funcionarios hubieran cometido un crimen”. “Es completamente diferente”, ha señalado Vicente, para quien “los culpables de la fuga” fueron los mandos, por lo que los trabajadores entienden que, “si pagan los funcionarios, ellos también deben pagar”.
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