La Delegación del Gobierno en Melilla ha acogido este viernes una reunión de la jefa de la Unidad Contra la Violencia de Género, Laura Segura, con organizaciones, asociaciones y ONGs para abordar el Punto Violeta, el título habilitante y los feminicios, entre otras cuestiones.
Durante el encuentro, en el que han participado representantes de Melilla Acoge, ACCEM, Movimiento por la Paz, Médicos del Mundo, Cruz Roja, Mujeres en Igualdad, AMLEGA, Shave the Children, Acnur, Aspanies Plena Inclusión Melilla, Caridad Virgen de la luz y Cañada Viva, se ha resaltado la importancia del Punto Violeta como herramienta para extender, de forma masiva, la información sobre cómo detectar y actuar ante un caso de violencia contra la mujer.
Así, el Punto Violeta, campaña lanzada desde el Ministerio de Igualdad, destaca como un instrumento que pretende implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista, así como ofrecerles recursos a las propias víctimas.
Por otro lado, Segura ha informado a los asistentes sobre el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.
Aquí, la dirigente ha recalcado que el título habilitante es un título administrativo, que "se agota cuando se accede al recurso y se emite tantas veces sea necesario". En otras palabras, como no es un título judicial, permite que las víctimas de violencia de género reciban protección social sin declarar contra su agresor.
Segura ha apuntado que el título habilitante de carácter social sería aplicable en víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar; que no han interpuesto denuncia o que, tras interponerla, el procedimiento judicial ha quedado archivado o sobreseído; o que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.
También incluye a aquellas víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva, por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia; y víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas y antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma.
La reunión también ha servido para abordar el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, en especial sobre la acreditación de las situaciones de trata y explotación sexual.
Según ha trascendido, estas situaciones podrán ser acreditadas por los servicios públicos encargados de la atención integral o por entidades especializadas, lo que les dará a las víctimas acceso a servicios de asistencia integral y alojamiento seguro para poder desarrollar su vida con dignidad.
Además, este normativa amplía el régimen gratuito de cuentas bancarias para que estas víctimas puedan acceder a las ayudas a través de una cuenta.
De forma general, la cita ha servido para analizar la situación de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer actualmente en Melilla, así como las actividades y las subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de éstas.
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