Ayer comenzaron las declaraciones de los acusados en el caso ‘Voto por correo’. El primero en testificar fue Nordin Abdel-Lah. Este procesado reconoció que se urdió un auténtico entramado orientado a la captación de votos bajo la promesa de puestos de trabajo de los planes de empleo. De esta manera se pretendía favorecer a la coalición CpM-PSOE para que fuera la fuerza más votada en las elecciones generales de 2008, aseguró. Según dijo el encausado, él mismo participó en esta operación de forma activa. “Yo recibí las instrucciones de Dionisio Muñoz”. Las indicaciones del ex secretario general del PSOE le llegaban a través de Gabriel Jiménez, también acusado.
Abdel-Lah señaló que se le encomendó la “misión” de instruir a “los jefes de los barrios”. Estos eran personas encargadas de movilizar a los vecinos de las barriadas de la periferia y actuaban en zonas como Reina Regente, Cabrerizas o La Cañada. El acusado ordenó que se trasladase a la población el mensaje de que, si acudían a las sedes de CpM o Juventudes Socialistas (JSME) para votar por correo a la coalición, se les recompensaría con puestos de los planes de empleo.
Cartas falsas
El encausado explicó que, en un primer momento, no observó que hubiera mucho movimiento en las sedes. En cambio, más adelante, muchas personas se dirigieron a los locales de JSME y CpM diciendo que habían recibido cartas en las que se les informaba de que habían sido seleccionados para los planes de empleo. Según apuntó Abdel-Lah, se hizo creer a los ciudadanos que las misivas habían sido remitidas por la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), que era el órgano de la Delegación del Gobierno que gestionaba los planes de empleo. “Acudían engañadas”, afirmó el acusado. “Se trataba de incentivar a los ciudadanos para que vinieran a las sedes a hacer el voto por correo”, explicó.
Según expuso, él desconocía el origen de las “cartas falsas”. En una conversación que mantuvo con el secretario de Organización de CpM, Francisco Parras, este le comentó que habían salido de Coalición por Melilla, relató Abdel-Lah.
El acusado recalcó que la mayoría de las personas que se presentaron a las sedes con estas cartas estaban desempleadas y apuntadas a las listas del INEM. Según dijo, llegó a la conclusión de que se había accedido a las bases de datos para mandar las misivas a los ciudadanos en paro.
Actividad en la sede
Abdel-Lah explicó que en la sede de JSME tenían las solicitudes para la realización del voto por correo, lo que no era habitual en las campañas electorales. “En numerosas ocasiones recibimos paquetes cerrados con 200 o 300 solicitudes”, señaló.
El acusado afirmó que las personas acudían a su sede diciendo que querían votar por correo para obtener un puesto de trabajo. Entonces, él pedía el DNI y rellenaba los datos de las solicitudes. Luego indicaba a los ciudadanos que tenían que hacer entrega del voto en Correos y regresar a la sede con el resguardo, al que hacían una fotocopia. Abdel-Lah reconoció que, junto a Rabea Aomar, también procesada, manipuló los sobres de los votos. Es decir, los cerraban y entregaban listos para que los depositaran en Correos. Según admitió, él informó a los que acudían a la sede de que, después de las elecciones, recibirían una carta en sus domicilios en la que se les notificaría que habían sido seleccionados para un trabajo.
Abdel-Lah subrayó en el juicio que Dionisio Muñoz le aseguró que contaban con 2.000 puestos nominativos para repartirlos en los planes de empleo. Es decir, que podrían ser concedidos “a dedo”.
Llega a un acuerdo con la Fiscalía
Nordin Abdel-Lah llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que implica el reconocimiento de los hechos imputados. La fiscal, por su parte, manifestó en sala que, por colaborar con la Administración de Justicia, recalificaría la pena solicitada por su participación en este entramado. Inicialmente se le pedía un año de cárcel y multas que ascienden a 5.400 euros como autor de dos delitos electorales y otro de asociación ilícita. Abdel-Lah respondió a las preguntas de la fiscal y rehusó a contestar a los letrados del resto de los encausados.
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