Por la gran cantidad de coches estacionados y la gravilla en mal estado del suelo, cualquiera puede pensar que se trata de unas calles abandonadas que funcionan como una zona de aparcamiento más en el centro de la ciudad. Pero lo cierto es que es trata de uno de los barrios más antiguos de la ciudad en el que viven varias decenas de vecinos desde hace décadas.
El Faro ha visitado el barrio General Larrea para conocer en qué cómo viven los melillenses de este barrio que se sitúa en la Alcazaba de Melilla y se compone de las calles Fuerte de San Miguel y Fuerte de San Carlos. Los vecinos denuncian el estado de abandono sistemático de sus calles y muestran su indignación al conocer que en el Plan General de Ordenación Urbana quieren sustituir la superficie de sus viviendas por una zona verde. Lo consideran "un atropello a los derechos sociales", ya que sus viviendas están regladas y pagan sus impuestos como el resto de la ciudadanía.
La situación de estas viviendas, justo al lado del centro de la ciudad, colindante también a la ciudad de Melilla la Vieja, próximo a dos zonas de playa y su condición de zona residencial y peatonal, a excepción de las vías en las que aparca gran parte de la ciudadanía, convierten al barrio General Larrea en un lugar excepcional para vivir. Sus habitantes destacan la proximidad a muchos lugares y servicios y la ausencia del ruido del tráfico tan típico de los núcleos urbanos.
Conocemos a Pepi, una vecina de 75 años que reside en la calle Fuerte de San Carlos; y para acceder a la zona en la que se encuentra su vivienda hay que entrar por un callejón. Hay una pequeña rampa, que según uno de sus vecinos, está hecha por la gente que vive allí para facilitar el paso con los carritos de la compra. Aunque igualmente presenta evidentes dificultades para personas que tengan una movilidad más reducida, como pueden ser las personas mayores que viven allí.
El suelo medio empinado, con gravilla suelta, y con diversas señales de multitud de apaños y arreglos de ls tuberías también dificulta la movilidad por la zona. De hecho, Pepi cuenta que ahí ya se ha caído dos veces y que otra vecina se rompió la pierna. Por eso, aunque le gusta vivir en esta zona, donde ha vivido desde que se casó con unos 18 años, asevera que sí puede quejarse de la ausencia de arreglos que han hecho y de la falta de accesibilidad.
El hijo de este vecino es Javier Bocanegra, el presidente de la entidad de movilidad sostenible Melilla Con Bici. Padre e hijo tuvieron la oportunidad de poder reunirse con el actual consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian. Pero no han obtenido respuesta alguna sobre si se llegarán a derribar estas viviendas, que además, están construidas alrededor de la muralla del Cuarto Recinto Fortificado; por lo que en estos momentos se enfrentan a la incertidumbre.
Recuerda que en la exposición pública del PGOU en el Palacio de Exposiciones y Congresos, el consejero hablaba de recuperar espacios urbanos, como por ejemplo la Cañada. Asevera Javier, que no se opone a ello, pero no entiende por qué quieren expropiar las propiedades de General Larrea, si son viviendas completamente legalizadas y por las que sus residentes pagan impuestos.
"Habrá que preguntarse si esas familias están satisfechas con la vida en este barrio y si entienden que alguien puede expulsarlos de su casa, como se prevé en el nuevo PGOU que está por aprobarse, ya que la situación parece inminente", expresa Javier. Afirma que el próximo año el nuevo PGOU podría estar completamente en vigor, por lo que la parecer podrían ser "expulsados de su forma de vida". "Creemos que esto es un atentado contra cualquier derecho básico", sostiene.
Entre la calle fuerte de San Miguel y la calle fuerte de San Carlos, hay unas 23 viviendas, siendo 10 y 13 respectivamente, y en ambas zonas habitan 78 personas, entre las que hay al menos 16 menores y decenas de personas mayores como Pepi. También encontramos en la calle de abajo, la del Fuerte de San Miguel a otra vecina octogenaria, que no quiere dar su nombre.
También se niega a que la muevan de su casa, donde lleva ya más de 65 años. "¿A dónde voy a ir yo ya" pregunta. Además, señala al suelo, mira la acera de al lado de su casa y dice que ahí ya se ha caído dos veces. "Si vivieran aquí políticos ya esto estaría arreglado", afirma.
Señala el terreno lleno de matas enfrente de su puerta. "Esa casa está echada abajo desde hace seis años, lo echaron deprisa y corriendo; y esta casa está parada y no hacen nada, no sé por qué", vuelve a preguntar. A sus vecinos de enfrente los echaron. Ahí había cinco viviendas que fueron expropiadas hace casi diez años porque se iba a construir una carretera de circunvalación que rodea el actual Centro Tecnológico de la Ciudad Autónoma.
Sin embargo, uno de esos vecinos recurrió a un Juzgado de Madrid, que finalmente acabó dándole la razón por lo que logró detener que su vivienda fuese derruida, según nos cuenta Javier Bocanegra. Ellos, su familia y el resto de vecinos no dudan en seguir ese camino, pelear ante los Juzgados, para denunciar ante la Justicia esta situación de abuso por parte de la Administración. Insiste en que se trata de una situación que no es nueva, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás y que carece de color político.
Creen que el abandono del barrio es otra presión más sobre los residentes de la zona para que, "sin ninguna inversión pública", abandonen el barrio por su propio pie antes de que tengan que ser expropiados.
Otro vecino, Juan Miguel, echa la vista atrás e incide en lleva toda la vida viviendo en la calle Fuerte de San Carlos y nunca han tenido ningún problema "excepto cuando empezaron a enamorarse de este sitio hace diez años". Este residente cuenta que fue entonces cuando cinco personas del ayuntamiento quedaron prendadas de la zona y que tenían intenciones de hacerse los chalets en el barrio General Larrea.
"Es entonces cuando empezaron todas las dificultades para querernos echar", expresa. Juan Miguel comenta que la vivienda en la que reside es de su propiedad, como la del resto de residentes. Señala que ya consiguieron empezar por la parte de abajo, la del Fuerte de San Miguel y consiguieron echar a parte de los vecinos al construir un edificio, "que todavía no se sabe ni lo que es".
"Lo ponen como zona verde para que no podamos ni arreglar nuestras propias casas, ¿tenemos que estar viviendo así toda la vida?", se pregunta este vecino, señalando que cuando no es un problema es otro. Indica que ya ordenaron a los barrenderos a que no pasasen por esas calles a limpiar. "Dicho por los barrenderos: no, no, tenemos órdenes de no pasar por aquí", recuerda indignado. E incide en la "prácticamente nula" accesibilidad de este barrio que se hace peligroso para las personas que residen ahí.
Javier recuerda que hace dos años, en 2019 se hizo una inversión de unos 45.000 euros para su arreglo, pero tras esa inversión pública se abandonó completamente. Toda la gravilla ha quedado cubierta por hierba y además una de las paredes laterales ha sufrido un pequeño desplome. "Eso es lo que tememos, que una vez derribado este barrio veremos el uso público que se le da y realmente el mantenimiento que habrá después", expresó Javier Bocanegra. Por eso, al ver "este tipo de actitudes", les preocupa "lo que será en un futuro el barrio".
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