La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por la que se solicita al Gobierno de España la no extradición a Marruecos del melillense con pasaporte belga Ali Aarras, da un giro de 180 grados a una situación límite, que suponía una grave discriminación para un ciudadano comunitario y europeo, como es el caso del citado melillense. Supone también una inyección de esperanza para sus familiares y un éxito para su abogado Nayim Mohamed. El Gobierno de España tiene seis meses para recurrir el dictamen del comité, que es vinculante para nuestro país. Ahora bien, teniendo en cuenta que Aarras quedó libre de toda sospecha en una investigación del juez Garzón, que lleva en prisión preventiva en España por la orden de búsqueda y captura de Marruecos desde abril de 2008, hay que preguntarse hasta dónde va a llegar este terrible asunto que pone en tela de juicio la consideración de europeos de aquellos ciudadanos que Marruecos considera sus súbditos. ¿Dónde están las garantías procesales, jurídicas y los derechos humanos de la actual Europa y, por extensión, los de nuestro propio país? La respuesta sólo puede darla el Gobierno Zapatero.