A un lado y al otro de la valla

El pasado 26 de agosto, la policía española retenía violentamente a más de 60 personas en la frontera del Tarajal de Ceuta. Unas horas después, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejecutaban una devolución colectiva1 a Marruecos. Por las mismas fechas, en Melilla, una embarcación era arrollada por la Guardia Civil en aguas españolas, ejecutando una devolución en caliente en colaboración con las fuerzas marroquíes. Estas prácticas ilegales llevadas a cabo por el accionar del estado suceden de forma constante en las dos ciudades fronterizas. Ahora bien, ¿a qué nos referimos exactamente con estas “devoluciones”?

Es importante, en este sentido, llamar a las cosas por su nombre ya que, utilizar otros términos conlleva minimizar el accionar estatal y su consecuente responsabilidad. En relación a lo ocurrido en Ceuta, algunos medios hablan de deportaciones, haciendo referencia a procedimientos que, aunque igualmente reprochables, siguen un cauce legal establecido, lo que generalmente permite a la persona afectada apelar la decisión. Sin embargo, es importante recalcar que en estos casos en ambas fronteras ocurre lo que se conoce como devoluciones en caliente y devoluciones colectivas. Estas son acciones conscientes realizadas por el Estado, que vulneran la normativa nacional e internacional en materia de protección internacional e infancia. Contraviniendo dos principios fundamentales del derecho internacional (el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas) que se establecen en la Convención de Ginebra de 1951, la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención contra la Tortura, el Convenio Europeo por los Derechos Humanos y el Protocolo número 4 del mismo. Asimismo, se contraviene lo establecido en la Convención de Derechos del Niño.

El incumplimiento de dichas normativas ha quedado patente también en las recientes sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Ceuta que han declarado ilegal aplicar devoluciones en caliente en el mar. Los juzgados confirman que en estos casos deben aplicarse procedimientos de devolución ordinaria con todas sus garantías, como por ejemplo asistencia letrada e intérprete que, en una devolución en caliente, nunca se dan. Estas sentencias resultan fundamentales, ya que las entradas por vía marítima son una constante en la ciudad de Ceuta, con especial intensidad en los últimos meses, por lo que estas resoluciones proporcionan el marco jurídico con el que debe actuar la Delegación de Gobierno. Del mismo modo ocurre en Melilla y ocurrió con mayor gravedad el pasado 24 de junio de 2022, donde se llevaron a cabo devoluciones colectivas en caliente con extrema violencia. Hechos sobre los que aún a día de hoy, a más de dos años después, no se ha realizado una investigación transparente y efectiva de lo ocurrido.

Sin embargo, aquí no termina todo… Una vez se efectúa esta práctica ilegal de devolución, las autoridades españolas se desentienden, como si fuera que lo que pasa al otro lado de la valla no les concierne; nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre al otro lado tiene un nombre: externalización de la frontera española y europea y, por ende, tiene unos responsables.

En abril de 2024, el Parlamento Europeo dió luz verde al nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. Este conjunto de medidas legislativas irresponsables con los derechos humanos refleja un acuerdo desesperado orientado a afianzar la creciente militarización de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, y acelera las políticas de externalización para gestionar el control migratorio. Es importante entender que esta forma de hacer política se vincula estrechamente con el aprovechamiento descarado por parte de los Estados que históricamente han ocupado posiciones de poder, a la hora de influir en la soberanía de otros Estados con economías dependientes, saqueadas y sumergidas, como suelen ser los países de origen y de tránsito. Hablamos entonces de negociaciones entre dos partes desiguales, es decir, con poderes diferentes y pesos desequilibrados a la hora de poder decidir de manera autónoma.

Por otra parte, es posible observar cómo los tres grandes ejes de “Control de la frontera exterior”, “Política de asilo y protección subsidiaria y temporal” y “Política de migración”, son desplazados cada vez más hacia terceros países. Es entonces que, escudándose en las acciones destinadas a “combatir” la migración irregular y el tráfico de seres humanos, se ubican estas políticas cada vez más lejos de las fronteras europeas, llevando el “trabajo sucio” fuera del alcance de la condena social. Es aquí donde se ponen en marcha unas políticas migratorias basadas en el control y la seguridad, en las que el enfoque humanitario de la preservación de ciertas vidas, se entrelaza -paradójicamente- con la producción indirecta -ni más ni menos- que de la muerte.

Dicha externalización se materializa en detenciones, desplazamientos forzados, violencia y criminalización de la migración. Esto último influenciado, a su vez, por la creciente politización del tema y un debate sensacionalista de los medios de comunicación que usa términos como "crisis" o "invasión de inmigrantes”. Es importante señalar que, de las casi 700.000 personas migrantes que llegan cada año a nuestro país de manera irregular, las personas que entran por Ceuta, Melilla y las Islas Canarias apenas representan un 8% del total de las entradas. Al presentar a la migración como un problema social descontrolado, se justifica ante la sociedad la implementación de medidas represivas.

Los desplazamientos internos desde Beni Ensar (frontera con Melilla) y Fnideq (Castillejos, frontera con Ceuta) hacia partes más alejadas de Marruecos, son una constante, fruto de la externalización y las políticas de control migratorio. En Beni Ensar, por ejemplo, hace ya unos años que los cuerpos de seguridad marroquíes tienen órdenes de llenar autobuses de treinta plazas con niños/as y jóvenes que han sido interceptados intentando hacer risky. Se les retiene durante todo el día en el calabozo y una vez alcanzada la capacidad de los autobuses, se procede a desplazarlos hasta ciudades alejadas de la frontera como Merzouga, Beni Melal, Casablanca o al desierto del Sáhara. Durante estas detenciones son recurrentes la violencia, la tortura y el trato inhumano, tanto hacia mayores como a menores de edad. Además de los testimonios recogidos a lo largo de los años por distintas organizaciones, recientemente han salido a la luz videos donde quedan reflejadas estas prácticas: niños y jóvenes sin ropa, bajo retención por las autoridades, aglomerados en espacios reducidos con las manos en la cabeza y heridas en los cuerpos.

Estos desplazamientos internos forzados vienen acompañados de la criminalización de la migración, motivo por el cual se pide constantemente la documentación en las calles de Beni Ensar y, desde hace un tiempo, en Castillejos, para comprobar el domicilio, puesto que se entiende que si la persona no es de la zona significa que está haciendo risky y, por tanto, debe ser alejada. Además, este filtraje tiene un fuerte componente racial, ya que las personas negras no tienen permitido el acceso a las ciudades más cercanas a la frontera, viéndose obligadas a sobrevivir y resistir en el aislado Monte Gurugú, cercano a Melilla, o en los bosques colindantes a la zona fronteriza de Ceuta.

Todo esto, además, ocurre en un contexto muy concreto. Las fronteras entre Fnideq (Castillejos) y Ceuta, y Beni Nsar y Melilla, fueron cerradas en marzo de 2020 por la pandemia, permaneciendo cerradas hasta su reapertura parcial en mayo de 2022, bajo nuevas restricciones. Este cierre afectó gravemente a la economía de Fnideq y Beni Nsar y Nador, dependientes del comercio transfronterizo. Al mismo tiempo, la creciente militarización y los controles policiales han limitado la libertad de movimiento de la población local. Las medidas de control, especialmente en el paso fronterizo del Tarajal, han agravado la situación, impulsando a muchos jóvenes marroquíes a arriesgar sus vidas para llegar a Ceuta, con trágicas consecuencias como muertes y desapariciones.

Otra de las formas en las que se materializan estas políticas de externalización es el control represivo y violento de las fronteras. El pasado 15 de septiembre en Fnideq (Castillejos) y alrededores de Ceuta, miles de jóvenes intentaron cruzar la frontera terrestre y fueron reprimidos brutalmente por las autoridades marroquíes. Del mismo modo -desde la masacre que tuvo lugar el 24 de junio de 2022 en Melilla- el refuerzo del control en las fronteras, los continuos acuerdos de externalización y las prácticas represivas que vulneran los derechos humanos, han ido en aumento y dificultan cada vez más el acceso hasta las ciudades de Ceuta y Melilla. En la actualidad, no se trata solo de que les devuelvan, es que entrar resulta imposible o muy arriesgado. Ante esta represión en ambas ciudades fronterizas, las personas migrantes y refugiadas toman rutas mucho más peligrosas, largas y mortíferas, como lo es la ruta canaria en la actualidad, que deja cientos de muertes y desapariciones en el Atlántico. Esta situación contrasta con las promesas de una movilidad segura que se proclaman desde el Gobierno español.

Por un lado, los discursos políticos presentan a la migración como un problema descontrolado. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el día después de los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en Fnideq (Castillejos), decía en el pleno del Congreso “Trabajamos por una inmigración ordenada, regular, segura y con humanismo”. Desde nuestras organizaciones aún nos preguntamos dónde está el humanismo a la hora de financiar al Estado vecino para que sea él, el que haga el trabajo sucio que Europa no quiere hacer. Marruecos empuja hacia el sur a quien va hacia el norte y golpea a quien se quiere mover hacia Europa.

Por otro lado, el discurso en los medios de comunicación sigue la lógica de la securitización y represión ante una supuesta “invasión” migratoria. Pero, preguntémonos qué es lo que se quiere ocultar al poner el foco en la supuesta seguridad de la nación y no en la de las personas. Cada día más, como hemos visto, los Estados-nación desarrollan prácticas ilegales y militarizan sus fronteras, incrementando los riesgos a los cuales tienen que enfrentarse quienes migran. En la supuesta tierra de las oportunidades y del respeto por las libertades, el Derecho de la Infancia y el Derecho al Asilo se han convertido en papel mojado, mientras que la tortura se erige a sus anchas como moneda de cambio. Ante estos hechos, afirmamos que es urgente nombrar como corresponde lo que está sucediendo: violación sistemática de derechos humanos.

En este juego disparejo, parece que golpear y devolver ilegalmente a personas en sus rutas migratorias es motivo de orgullo y de felicitación entre estados, mientras que intentar cruzar la valla es de criminales. Claro está que España y Europa no quieren ver ni hacerse cargo de estas agresiones que se siguen produciendo en sus puertas y con su beneplácito. Frente a toda esta violencia y represión, la convicción de quien quiere moverse y migrar no se puede detener ni con porras ni con balas.

Finalmente, desde las organizaciones defensoras de derechos humanos exigimos el cese de las políticas orientadas a controlar, reprimir y vulnerar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Debemos centrarnos en dignificar las rutas migratorias, facilitando el acceso a las vías legales y seguras que ya existen. Exigimos a las autoridades responsables el cumplimiento de la legislación vigente, posibilitando visados y facilitando el asilo en los países de origen y tránsito.

Esto debe cesar YA.

España es responsable.

Europa es responsable.