64.000 vidas en una travesía hacia la explotación: el fracaso de la frontera sur española

Tres décadas de informes frontera Sur 2025 donde se denuncia cómo el endurecimiento fronterizo empuja a los migrantes hacia rutas mortales y campos de trabajo sin derechos

La Asociación Pro Derechos Humanos en Melilla lleva más de treinta años documentando lo mismo: el fracaso sistemático de las políticas migratorias españolas en la frontera sur. El presidente de la Asociación Pro derechos humanos en Melilla, ha sido testigo de cómo cada endurecimiento de las medidas fronterizas no detiene la migración, sino que la vuelve más peligrosa y mortal.

El informe anual 2025 de la APDH ha presentado hace unos días, dibuja un mapa cruel de la migración hacia España: 64.000 personas que en 2024 arriesgaron sus vidas en embarcaciones precarias para cruzar el mar, huyendo de unas fronteras terrestres cada vez más militarizadas. De ellas, casi 2.500 no lo consiguieron. Sus cuerpos descansan en el fondo del Mediterráneo o del Atlántico, convertidos en cifras de una tragedia que se repite año tras año.

El desvío hacia el mar: consecuencia de la militarización terrestre

"No resulta indiferente al hecho de tomar esta ruta la peligrosidad del acceso a Ceuta y Melilla", explica Alonso en su informe, estableciendo una conexión directa entre el endurecimiento de los controles terrestres y el aumento exponencial de las rutas marítimas. La tragedia del 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla, donde decenas de personas murieron o desaparecieron intentando saltar las vallas, marcó un punto de inflexión que empujó a miles hacia alternativas aún más letales.

Las "devoluciones en caliente", la externalización de fronteras y lo que el informe califica como "violencia institucional" han convertido el acceso terrestre en una misión casi imposible. El resultado: una migración que se desvía hacia el mar en "frágiles embarcaciones", multiplicando exponencialmente el riesgo de muerte.

Pero la tragedia no termina con la llegada a tierra española. Para quienes sobreviven a la travesía, España reserva otro tipo de infierno: los campos de cultivo de Huelva y Almería, donde se han construido "verdaderas fortunas" a costa de la explotación sistemática de trabajadores migrantes.

Los campos del olvido: el destino final de la migración

El informe de la Asociación Pro derechos humanos desnuda la realidad de estos trabajadores: viven en "campamentos chabolistas sin luz ni agua", sufren "periódicamente incendios con víctimas mortales" y tienen "difícil acceso a la Sanidad y a la escolarización". Todo ello mientras generan beneficios millonarios para empresas agrícolas que han convertido la explotación en modelo de negocio.

Esta situación no es nueva ni accidental. Forma parte de un sistema que, paradójicamente, necesita de la irregularidad migratoria para funcionar. La falta de papeles convierte a estos trabajadores en mano de obra cautiva, sin capacidad de negociación ni de denuncia. Un círculo perverso que se retroalimenta: las políticas migratorias restrictivas generan irregularidad, y la irregularidad facilita la explotación.

Europa mira hacia otro lado

El contexto europeo agrava la situación. Las políticas migratorias comunitarias han priorizado la externalización de fronteras y los acuerdos con terceros países para frenar la migración antes de que llegue a territorio europeo. España se ha convertido en el guardián sur de Europa, asumiendo la responsabilidad de contener flujos migratorios que tienen causas estructurales profundas.

"Se hace cada vez más difícil el ejercicio de un derecho fundamental como es la protección internacional", denuncia Alonso, señalando cómo incluso los solicitantes de asilo procedentes de América encuentran obstáculos crecientes. La protección internacional, consagrada en convenios internacionales, se ve limitada por políticas que priorizan la contención sobre los derechos humanos.

Treinta años de advertencias ignoradas

José Alonso concluye su informe con una frase lapidaria que resume treinta años de trabajo: "Todo ello lleva a una conclusión de fracaso en la gestión de nuestra frontera sur". Un fracaso que se mide en vidas humanas perdidas en el mar y en la explotación sistémica de quienes logran sobrevivir al viaje.

La pregunta que queda en el aire es si España y Europa están dispuestas a escuchar, por fin, tres décadas de advertencias o si preferirán seguir mirando hacia otro lado mientras el Mediterráneo se convierte en el cementerio de sus políticas migratorias fallidas.

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