En la madrugada del domingo al lunes, un grupo de alrededor de 260 inmigrantes intentaron saltar la valle de Melilla en la altura de Villa Pilar, según contó Delegación del Gobierno. Explicaron que “a pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, 55 de ellos consiguieron entrar. Además, otros 38 fueron rechazados y devueltos a las autoridades marroquíes y el resto se quedó al otro lado. Desde Delegación expresaron que fue “una entrada masiva y violenta”, ya que algunos inmigrantes utilizaron piedras, garfios u otros utensilios para evadir el control de las autoridades presentes.
En este sentido, el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Sergio Márquez, contó que dos agentes del cuerpo fueron heridos. Uno de ellos en la mano cuando un inmigrante tiró una piedra y el otro tiene una contusión en un brazo por un forcejeo con uno de ellos. Además, dos de los subsaharianos fueron detenidos al dañar vehículos particulares que se encontraban cerca, presuntamente adrede.
El grupo que consiguió llegar a suelo español, se dirigió al CETI de Melilla para ser acogidos, aunque dada la hora, las puertas estaban cerradas. Más tarde, debido a las medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus, estos se quedaron en la esperando.
Allí fueron atendidos por la Cruz Roja, concretamente a unos 20 de ellos. Según contó Enrique Roldán, director de Intervenciones de la entidad, curaron principalmente heridas y suturas y cuatro de ellos fueron llevados al hospital por fracturas óseas y una herida en la cabeza.
Por el otro lado de la valla, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos contó que entre los que no pudieron saltar, hubo numerosos heridos que regresaron a los bosques cercanos sin ser atendidos.
Cerca de las cuatro de la tarde, Delegación del Gobierno informó que “los migrantes que han entrado a Melilla irregularmente serán trasladados a una zona acondicionada y acotada en las inmediaciones del V Pino, donde se les realizará el control sanitario pertinente”.
En dicho lugar, conviven desde hace más de una semana, alrededor de 200 personas y que fueron destinadas allí por el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. En el CETI no puede ser acogidas porque este lleva cerrado desde que se impuso la cuarentena para toda la ciudadanía del país.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en una rueda de prensa de ayer que se daría paso a los trámites habituales en estas circunstancias, aunque matizó que las expulsiones no podrían materializarse, ya que la frontera con Marruecos permanece totalmente cerrada. También aseguró que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la salud, tanto la de los melillenses como la de los inmigrantes. Por último, quiso mostrar su solidaridad con los dos agentes de la Guardia Civil heridos.
Jesús Barranco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, pide que los 55 inmigrantes que lograron saltar la valla de Melilla hagan cuarentena antes de que los agentes de la Policía Nacional realicen los trámites correspondientes, dada la situación de excepcionalidad que bajo la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
Así pues, Barranco se preguntó “¿a qué viene tanta prisa?” para comenzar con los trámites habituales en estos casos, como el de expulsión y el de solicitud de asilo. Recordó que los agentes que ya patrullan la ciudad no tienen el material de protección necesario y que algunos de ellos han tenido que comprar mascarillas por su cuenta y manifestó que Delegación del Gobierno debería proporcionar dicho material, pues ya hay cuatro policías de Melilla que han dado positivo en COVID-19.
“Todos los hombres y mujeres de la Policía tienen miedo, no por ellos, sino por su familia”, aseguró y añadió que el riesgo de contagio a personas cercanas por parte de los que trabajan durante la pandemia, “hay que minimizarlo”. Por ello pide que se espere a comprobar la salud del grupo que llegó ayer a la ciudad, pues dado que no se les podrá expulsar a nadie hasta que Marruecos abra la frontera, no habría prisa para ello.
Así pues, pidió “la colaboración” de la Jefatura Superior dela Policía Nacional de Melilla y de Delegación del Gobierno para ello. Remarcó que los marroquíes que quedaron atrapados en la ciudad cuando se cerró la frontera tiene una orden de expulsión que no puede ser ejecutada porque su país no admite a nadie.
Además, aseguró que Marruecos procedió a una “dejación de funciones” y está seguro que de el país vecino “permitió que saltasen”. Sobre esto, recordó, que dentro del marco de los derechos humanos, el Tribuna de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló las devoluciones en frontera.
Barranco mostró su preocupación en que los saltos se conviertan en algo habitual durante la cuarentena, pues recordó que Melilla está totalmente aislada, que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes alberga ya a unas 1.700, además de la carpa instalada en el V Pino. “Esto no va a parar, tenemos un problema grave de falta de espacio”, expresó.
“¿Por qué permitimos esto? ¿Por qué permitimos que entren 55?”, reiteró y que “España, como país, nos está dejando tirados y el Gobierno debería saber que no estamos en una situación normal ”.
Amnistía Internacional declaró a través de sus redes sociales que “todas las personas que llegan tienen derecho a ser tratadas con dignidad y humanidad. Puede que vengan huyendo de guerras. Puede que hayan perdido a sus familias. O puede que la miseria las haya impulsado a dejarlo todo en busca de un futuro mejor”.
La ONG, que pidió a principios de mes descongestionar los CETI de Ceuta y Melilla, expuso que “recordamos también que los derechos a debido proceso, a ser informados sobre sus derechos y a la asistencia letrada deben quedar garantizados siempre, también durante la pandemia del COVID-19”, pues según explicaron “durante la pandemia del COVID-19 sigue habiendo personas que huyen de violaciones de Derechos Humanos”.
Por lo que remarcan a Interior que “su derecho a poder solicitar protección internacional debe quedar garantizado. También debe garantizarse alojamiento y que sean acogidas en condiciones adecuadas”.
Por su lado, CEAR dirigió una carta al presidente del Gobierno español para que autorice con la máxima celeridad el traslado urgente y reubicación de las personas solicitantes de protección internacional y migrantes que se encuentran en los CETI de las ciudades autónomas, con especial atención aquellas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
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