El presidente de Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, lo denunciaba ayer a primera hora: 28 personas de origen subsaharianos pasaron la noche del miércoles en el calabozo tras ser arrestados, pendientes de pasar en el día de ayer a disposición judicial para que se dictara el traslado a Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) de la península.
Según explicó el activista, estas personas fueron citadas a través de cartas para que acudieran en la tarde del miércoles a la Jefatura Superior de Policía, sin que se les indicara la causa. “Fueron detenidos por sorpresa y encarcelados”, afirmó en redes sociales.
La nacionalidad
Palazón señaló que este procedimiento suele ser habitual con personas de nacionalidad argelina e hizo hincapié en que no se llevaba a cabo con migrantes de origen subsahariano desde hacía “mucho tiempo” en nuestra ciudad.
Al respecto, fuentes de la Delegación del Gobierno se limitaron a aclarar que únicamente se estaba aplicando la Ley de Extranjería y que es la Comisaría General de Extranjería y Frontera la que emite las directrices que debe seguir la Policía Nacional al llevar a cabo las detenciones.
Los 28 integrantes del grupo de subsaharianos eran residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Fuentes cercanas al centro aseguraron a El Faro que ninguno de ellos era solicitante de asilo.
Sin embargo, ONGs que trabajan con residentes del CETI apuntaron que algunos de ellos sí que habían pedido asilo, aunque luego se les denegó. No recurrieron judicialmente porque nadie les dijo que se podía, según aseguraron las mismas entidades.
Orden de expulsión
El máximo dirigente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) de Melilla, José Alonso, explicó que, antes de que las personas extranjeras pasen a disposición judicial, se tiene que hacer firme la orden de expulsión del territorio español.
“A partir de ahí pueden ser detenidos, llevados ante la autoridad judicial y ésta autorizar el ingreso en un CIE, donde pueden llegar a estar 60 días como máximo”, afirmó Alonso. “En este tiempo pueden ser deportados a su nación de origen”, aclaró. Según indicó, tenía constancia de que en la mañana de ayer ya se había emitido el auto del internamiento en CIE de algunos de los integrantes de este grupo. “Yo creo que los van a trasladar a todos a centros de la península ”, señaló.
Las personas que son internadas en un CIE son privadas de libertad hasta que se decide si son deportadas a sus países de origen o si pueden quedarse en España. “Estos centros son peores que una cárcel, porque las personas no pueden salir de allí y los espacios no están adecuados para que se viva dignamente”, criticó Alonso.
Residentes del CETI se concentran en señal de protesta
La activista de Caminando Fronteras, Helena Maleno, informó ayer a través de sus redes sociales de que varios residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se concentraron por la mañana en solidaridad con el grupo de 28 subsaharianos que fue encarcelado antes de pasar a disposición judicial. Según sostuvo Maleno, durante el día de hoy serán trasladados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península para ser posteriormente deportados por “ser testigos de violaciones de Derechos Humanos en la frontera”. La periodista e investigadora aseguró que algunos de los subsaharianos eran “supervivientes” de la ‘devolución en caliente’ en la que murieron siete mujeres en su intento de llegar a Melilla en patera. “Las comunidades denuncian que sus compañeros son víctimas de tragedias y temen por sus derechos fundamentales”, sostuvo Maleno a través de su cuenta de Twitter.
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