• El interlocutor nacional sanitario dirige a los 55 coordinadores territoriales para prevenir ataques al personal médico

Hace apenas dos meses que el comisario jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación Javier Galván fue designado como interlocutor nacional sanitario con la misión de prevenir las agresiones a los profesionales de la salud y ya tiene claro que “la solución no es poner un policía en la puerta de cada centro”. Galván lidera a 55 interlocutores policiales territoriales que están ya trabajando en todo el país. Fuentes del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) explicaron a El Faro que en Melilla ya está en marcha este coordinador y se han celebrado varias reuniones de trabajo para ajustarse a la normativa.

De hecho, en nuestra ciudad ya ha habido dos interlocutores policiales dado que se produjo un cambio. Según fuentes del Ingesa, en las reuniones de trabajo se ha actuado en coordinación con la Jefatura de Policía Nacional.

No obstante, fuentes del Sindicato Médico de Melilla dijeron desconocer si esta figura había comenzado a funcionar. “A nosotros no nos han comunicado nada. A pesar de que es una propuesta nuestra de 2012, que se ha elevado a nivel nacional”, añadieron.

Cuando el Ministerio del Interior anunció el pasado julio la creación del interlocutor policial territorial sanitario, el Sindicato Médico de Melilla aplaudió la medida y reclamó que se pusiera en marcha cuanto antes. No obstante, mostró cierto escepticismo ante la efectividad de las medidas policiales que se pretendían implantar aunque reconocían que las intenciones eran buenas.

Tras una agresión física y verbal a un médico en el centro de Cabrerizas que se produjo el pasado 25 de septiembre, el Sindicato Médico calificó como una “vergüenza que el número de agresiones esté brutalmente por encima en Melilla y Ceuta que en el resto del Estado”.

El comisario Galván coordina a los 55 interlocutores policiales territoriales, uno por cada una de las 50 provincias y otros cinco por las ciudades de Melilla, Ceuta, Algeciras, Gijón y Vigo.

“La figura del interlocutor policial viene a dar respuesta a una demanda de seguridad debido al incremento de las agresiones a los profesionales sanitarios”, señala Galván en una entrevista con Efe.

Problema importante

¿Era necesario crear esta figura? “Creo que sí”, opina el comisario, quien incide en que existe “un problema importantísimo y qué mejor que contar con la experiencia de la Policía Nacional”.

Un cuerpo, recalca, que siempre ha estado con el sector sanitario, pero desde una postura reactiva: dónde hay un incidente, ya sea en urgencias o en las ambulancias del Samur cuando se necesita reducir a una persona que está alterada, allí acudían. Ahora se trata de “dar un paso más”. “Queremos prevenir, establecer estrategias y planificar cómo evitar esas agresiones”, asegura.

El primer paso ha sido crear un grupo de trabajo en torno a la figura del interlocutor nacional y se han nombrado 55 coordinadores territoriales. “Estamos hablando de casi 60 personas”, recuerda.

Según los últimos datos del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, estas aumentaron un 37% en 2016, hasta situarse en 495.

Por su parte, el último informe del Consejo de General de Enfermería señala que un 33% de estos profesionales ha sufrido una agresión en el último año.

Unas estadísticas que, aunque “seguro que son reales”, Galván precisa que las quieren confrontar. “No nos interesa solo saber cuando un profesional es agredido con un cuchillo, porque eso ya lo tenemos, queremos conocer el resto y diferenciar lo que es incívico de lo delictivo y atajar las dos cosas”, apunta.

De momento, lo que tiene claro Galván es que “la solución no es poner un policía en la puerta de cada centro”. “Va muchísimo más allá y pasa por una planificación, una estrategia y una actuación concertada y consensuada con las autoridades sanitarias competentes. Y a partir de ahí, hablemos de seguridad”.

  • Este mes podría estar listo un mapa de riesgos

Un peldaño más para atajar las agresiones sanitarias es la elaboración de un catálogo de centros tanto públicos como privados de toda España y la valoración de la situación de cada uno de ellos para confeccionar un mapa de riesgos, que podría estar listo este mismo mes, según explica el comisario jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación Javier Galván, designado como interlocutor nacional sanitario.

Además, se ha actualizado el sistema informático de criminalidad para adecuarlo a aquellas agresiones o actividades de carácter delictivo producidas en el ámbito sanitario.

El comisario precisa que no todas las conductas son delictivas sino que algunas son “lamentablemente” comportamientos incívicos. “Queremos tener una visión real”, insiste, independientemente de las estadísticas que manejan las organizaciones sanitarias.