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  • Sabrina Moh apunta que si Europa retira el servicio público, se estará a expensas de las navieras

La representante de la Gestora del PSOE de Melilla Sabrina Moh advirtió ayer de que si se dan problemas con el contrato marítimo, que ha sido adjudicado por cero euros a Acciona-Trasmediterránea, “la responsabilidad será del Gobierno del PP”.

“Llevamos meses advirtiendo al Gobierno de Rajoy de los muchos problemas que puede acarrear para Melilla el hecho de que se le dé a una naviera el contrato de navegación por cero euros y, sin embargo, han hecho oídos sordos, por lo que los problemas que puedan darse serán imputables a los populares”, señaló.

Tal y como recordó la dirigente socialista, el PSOE instó hace meses al Ministerio de Fomento a que declarase temeraria la oferta de cero euros que la naviera había presentado para quedarse con el contrato de navegación entre nuestra ciudad y Málaga y Almería.

A juicio de los socialistas, el hecho de que una compañía opere sin contraprestación económica puede suponer que Europa cuestione la necesidad de que los melillenses necesiten de un contrato de navegación de obligación pública.

“Si Europa retira el servicio público, estaremos a expensas de los criterios empresariales de las navieras, no habrá un precio máximo para los billetes y podrán operar los meses del año que consideren y los días de la semana que estimen oportunos”, recordó Moh.

Además, según el PSOE, estos últimos meses, cuando aún estaba en vigor el actual contrato marítimo, por el que Acciona Trasmediterránea recibió ocho millones de euros, ya se han estado produciendo recortes en los servicios de los barcos que operan entre Melilla y la península.

Incumplimientos

“Si los melillenses ya hemos vivido algunos recortes y el incumplimiento del pliego, a pesar de que había una contraprestación económica, ¿qué va a ocurrir ahora que ni siquiera la hay?”, se preguntó.

Para Moh, “el Gobierno popular ha pretendido que Trasmediterránea se llevase el contrato de navegación desde el primer minuto”. “Prueba de ello es el hecho de que hicieron un contrato a medida incrementando la edad máxima de los barcos de 15 a 20 años”, explicó.

“Lo que debería haber hecho el Gobierno es velar por los intereses de la ciudadanía melillense y no de una empresa”, concluyó.