• Afirma que el pliego de condiciones actual prima a las ofertas más bajas en vez de a las de mayor calidad

CSI-F amenazó ayer con “continuas protestas” si la Ciudad Autónoma no retira el concurso público que ha convocado para asignar a una empresa los servicios de seguridad privada en dependencias municipales. Como ya informó ayer El Faro, el sindicato ha impugnado dicha  oferta porque considera que el pliego de condiciones actual podría perjudicar a 150 trabajadores dependientes del contrato, ya que se prima a las ofertas de presupuestos más bajos, en vez de a las de mayor calidad.

Jesús Sánchez, responsable territorial del sector de seguridad de CSI-F, indicó que estableciendo como único criterio de valoración el presupuesto, la Ciudad está incumpliendo con las recomendaciones a nivel europeo. “La normativa indica que la calidad de los servicios de seguridad debe primar en su valoración por encima del precio”, apuntó.

Asegura que, a diferencia de otros años, en el concurso actual no se exige que las compañías cuenten con una sede propia en Melilla, ni que cumplan el Convenio Colectivo Estatal que rige el sector y realicen los pagos a la Seguridad Social, así como a Hacienda. “En la baremación se abre el abanico a empresas pirata de este sector, con las cuales ya hemos tenido muy malas experiencias. Empresas como Esabe, Serramar, Falcón y Seguribérica se marcharon dejando a los trabajadores sin sus nóminas”, explicó.

Alerta antiterrorista

CSI-F señala que contar con una “empresa pirata”, como adjudicataria del servicio de seguridad, deja en “total indefensión” e “inestabilidad” a más de 150 trabajadores. Además, alerta de que puede llevar a Melilla a “una situación caótica”. “Nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista y corremos el riesgo de dejar la seguridad de la ciudad en manos de una empresa pirata”, apuntó. “Si incumple con sus propios empleados, tampoco podrá dar respuesta a cualquier situación de emergencia, que por desgracia se dan de forma habitual en Melilla”, continuó.

Sánchez apuntó que quiere pensar que el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, no es conocedor de esta situación. “No creemos que pretenda contratar a empresas que  incumplen la legislación”, señaló.

Protestas

El pasado 5 de enero, el sindicato presentó un escrito en el registro de entrada para que se paralice de “manera inmediata” esta licitación. Sánchez informó que hasta el momento no habían obtenido respuesta. El responsable territorial de seguridad adelantó que los trabajadores afectados se concentrarán a diario si no se elabora un pliego de condiciones que garantice la seguridad de los empleados y de los ciudadanos.

Según CSI-F el nombre de la empresa adjudicataria no se dará a conocer hasta el próximo 21 de febrero. “Aún hay tiempo para rectificar y retirar la oferta actual”, sentenció Sánchez.