• La empresa, según confirmó ayer el sindicato, ha armado ya al vigilante del acceso a la prisión

Ombuds, la nueva empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada del Centro Penitenciario de Melilla, ya ha armado de forma reglamentaria al vigilante del control de acceso a la prisión. Lo confirmó ayer a El Faro Jesús Sánchez Cano, responsable territorial del sector de seguridad de CSI-F, quien añadió, no obstante, que exigirá que la compañía depure responsabilidades y sea sancionada por las autoridades competentes, con motivo del incidente de Nochevieja.

Según el sindicato, la situación quedó resuelta el pasado lunes a las 15:00 horas, momento en el que el trabajador recibió el arma y la munición correspondientes, restituyéndose en sus funciones a la entrada de la cárcel. Conviene recordar que, tras personarse desarmado la noche del sábado 31 de diciembre, no le fue autorizado el ejercicio de las mismas y tuvo que ser reemplazado provisionalmente por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El responsable del sector de seguridad de CSI-F en Melilla confirmó la entrega del revólver y su carga, aunque dijo desconocer si se había hecho lo propio con el chaleco antibalas. “Si no hubiese sido así, no podría haber regresado a su puesto de trabajo”, indicó.

Sin uniformes

Sánchez Cano reiteró que Ombuds “debe tener alguna sanción” y aseguró que su sindicato estará “pendiente” de su cuantía económica. “Se debería rescindir el contrato, aunque sabemos que no va a pasar”, apuntó. Por último, el sindicalista comentó que “entre el 60 y el 70%” del uniforme reglamentario no ha sido aún entregado al resto de trabajadores de la prisión.

 

Marea Negra responsabiliza al Gobierno

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Marea Negra emitió un comunicado en el que aludía al tema de la concesión de la vigilancia del Centro Penitenciario a una empresa privada (en este caso, Ombuds) y responsabilizaba al Gobierno del incidente de Nochevieja. “Al país, el mantenimiento de una cárcel le cuesta dos millones de euros. Varias empresas de seguridad pujan por quedarse con el servicio y la que ofrece menos es la que se queda con él, por lo que el Gobierno gana. La compañía paga 1.000 euros al trabajador, pero no lo dota con chaleco antibalas, ni arma reglamentaria, como ha ocurrido en la prisión de Melilla, donde se ha retirado el servicio por no cumplir con el pliego de condiciones, donde se especifica que el vigilante debe ir armado”, rezaba la nota enviada por la asociación.